En Colombia ocurre algo casi litúrgico: cada crisis económica encuentra su hereje favorito. Si sube el desempleo, se acusa al capitalismo. Si el arriendo devora medio salario, la culpa es del «neoliberalismo». Si la informalidad crece, si los salarios no alcanzan, si la desigualdad persiste, esa vieja cicatriz latinoamericana, entonces aparece el mismo veredicto automático: el mercado falló.

Curiosa conclusión para un país donde abrir un negocio puede sentirse como intentar bailar con cadenas en los tobillos.

Porque aquí aparece una confusión bastante extendida, y no menor. Muchos creen que basta con ver bancos, supermercados, constructoras y centros comerciales para afirmar que Colombia es una economía de libre mercado. Pero el libre mercado no se define por la simple existencia de empresas privadas. Si así fuera, hasta la Unión Soviética habría podido presumir de capitalismo por vender zapatos.

La verdadera pregunta es otra: ¿qué tan libre es un ciudadano para producir, contratar, invertir, competir o emprender sin que el Estado aparezca constantemente como supervisor, recaudador, corrector moral y, de paso, obstáculo administrativo?

No obstante, al observar a Colombia bajo esa lupa, la imagen cambia de manera incómoda. El problema nacional no parece ser un exceso de capitalismo, sino una hipertrofia estatal que se expande con la disciplina de una enredadera: lenta, constante y difícil de desmontar.

El Fraser Institute —uno de los centros más conocidos en medición de libertad económica—, evalúa a los países según cinco criterios: tamaño del gobierno, protección de la propiedad privada, estabilidad monetaria, apertura comercial y nivel de regulación. Más allá de debates metodológicos —que siempre existen— el índice sirve para responder una pregunta elemental: ¿cuánto espacio deja el Estado para que las personas organicen su vida económica por sí mismas?

En el caso colombiano, la respuesta dista bastante del mito del «capitalismo salvaje».

El Estado colombiano: un gigante que nunca deja de crecer

En Colombia pareciera existir una fe casi religiosa en la capacidad redentora del Estado. Cada problema social suele producir la misma reacción: crear una entidad, un subsidio, una reforma tributaria, una regulación adicional o, en momentos de especial inspiración burocrática, un ministerio nuevo.

Si hay desempleo, aparece un programa estatal. Si hay informalidad, llegan más requisitos. Si los precios suben, se anuncian controles. Y si nada funciona, entonces se convoca una nueva reforma tributaria, como quien cambia de médico esperando que ahora sí aparezca el milagro.

El resultado es un aparato estatal que recauda más, gasta más y promete más —aunque rara vez simplifique algo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Colombia ha realizado más de veinte reformas tributarias en tan solo dos décadas. Veinte. Una cifra que dice mucho más de la fragilidad del sistema que de su capacidad de adaptación. Porque un país donde las reglas fiscales cambian con la frecuencia de las temporadas de fútbol termina enviando un mensaje devastador: aquí invertir no depende solamente del mercado, sino del humor político del momento.

Y la incertidumbre económica funciona como la humedad en una casa antigua: al principio parece soportable, pero con el tiempo termina deteriorando sus cimientos.

Las empresas no saben cuánto pagarán en impuestos en los próximos cinco años. Los inversionistas calculan riesgos regulatorios antes que oportunidades productivas. Y los pequeños empresarios viven bajo la sensación permanente de que el próximo decreto puede convertir un negocio viable en una carga imposible.

Lo paradójico —y aquí aparece la ironía colombiana— es que el discurso oficial suele proclamar defensa del empleo mientras el sistema castiga precisamente a quienes generan empleo formal.

Al fin y al cabo, resulta difícil contratar más trabajadores cuando producir, invertir y formalizarse cuesta cada vez más.

La propiedad privada: ese derecho que muchos desprecian… hasta que pierden algo

En ciertos sectores políticos colombianos, hablar de propiedad privada parece equivalente a defender oligarcas fumando habanos en clubes exclusivos. Pero la propiedad privada rara vez tiene esa estética cinematográfica.

La propiedad privada es —casi siempre— algo mucho más humilde. Es la tienda de barrio. El taxi financiado durante siete años. El apartamento que una familia terminó de pagar después de dos décadas de cuotas. Es la peluquería de la esquina, la finca pequeña, el taller mecánico o los ahorros acumulados con paciencia casi monástica.

Por eso, cuando un país relativiza constantemente la seguridad jurídica o convierte la propiedad en una concesión política temporal, no golpea solamente a los grandes inversionistas. Golpea, sobre todo, a la clase media emergente y a quienes intentan construir patrimonio lentamente, ladrillo sobre ladrillo, como quien arma una casa durante una tormenta.

El capitalismo moderno descansa menos sobre el dinero que sobre la confianza. Confianza en que los contratos serán respetados. En que las reglas no cambiarán arbitrariamente. En que el Estado no actuará como jugador y árbitro al mismo tiempo.Sin esa confianza, el empresario deja de pensar en expandirse y empieza a pensar en protegerse. Y una economía defensiva es como un cuerpo permanentemente tenso: consume energía, pero deja de avanzar.

Inflación: el impuesto silencioso que nadie aprueba en las urnas

Hay pocas cosas más democráticas que la inflación. Afecta a todos. La diferencia es que algunos pueden protegerse y otros no.

Cuando el dinero pierde valor, el ciudadano común simplemente siente que «todo está más caro». El mercado. El arriendo. El transporte. El almuerzo corriente que hace dos años parecía rutinario y ahora parece un lujo discreto.

Para economistas como Friedrich Hayek o Ludwig von Mises, la inflación no era solo un fenómeno técnico. Era una forma silenciosa de transferencia de riqueza. Un impuesto invisible que no necesita aprobación popular porque opera lentamente, como el óxido.

Y en Colombia esa erosión se siente con especial fuerza en quienes viven de ingresos fijos: trabajadores, pensionados y pequeños ahorradores. El gran capital suele encontrar refugios financieros. El ciudadano promedio, no.

Por eso la estabilidad monetaria importa más de lo que muchos imaginan. Una sociedad necesita cierta previsibilidad para planear el futuro. Ahorrar. Invertir. Comprar vivienda. Formar empresa. Tener hijos, incluso.

Cuando la moneda se vuelve inestable, el futuro entero empieza a parecer borroso.

Colombia y el miedo histórico a competir

Colombia mantiene una relación contradictoria con el libre comercio. El país desea inversión extranjera, productividad y modernización, pero simultáneamente mantiene un reflejo proteccionista profundamente arraigado.

Todavía persiste la idea de que proteger sectores económicos mediante barreras o restricciones automáticamente fortalece la economía nacional. En la práctica, suele ocurrir exactamente lo contrario.

Porque cuando importar se vuelve excesivamente complejo, el consumidor paga más. Cuando ciertos sectores son protegidos artificialmente, disminuyen los incentivos para innovar. Y cuando las regulaciones se multiplican, los pequeños empresarios —que no tienen ejércitos de abogados ni departamentos regulatorios— terminan siendo los más perjudicados.

Hayek comparaba el sistema de precios con una gigantesca red de información dispersa. Ningún funcionario, por brillante que sea, puede concentrar el conocimiento que millones de consumidores y productores generan diariamente.

Y ahí reside una de las grandes limitaciones del intervencionismo: supone que un pequeño grupo de personas puede organizar desde arriba algo tan complejo como una economía moderna. Es como intentar dirigir el tráfico de toda una ciudad mirando apenas una esquina.

La informalidad: cuando el sistema expulsa a millones

Más del 55% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad. La cifra es tan enorme que debería producir una pregunta elemental: ¿de verdad creemos que millones de personas decidieron violar la ley por simple rebeldía colectiva?

O quizá, solo quizá, el sistema formal está diseñado de una manera tan costosa y rígida que enormes sectores de la población simplemente no logran entrar.

Formalizarse en Colombia implica impuestos altos, cargas laborales complejas, trámites interminables y requisitos que muchas pequeñas empresas no pueden sostener. Así, la informalidad deja de ser una anomalía y se convierte en mecanismo de supervivencia.

Lo irónico es que el mismo Estado que dificulta la formalización luego lanza campañas para combatir la informalidad que ayudó a producir.

Mises describe este fenómeno con precisión quirúrgica: el intervencionismo genera distorsiones que luego sirven como justificación para nuevas intervenciones. Una regulación crea problemas; entonces aparece otra regulación para «corregir» los efectos de la primera; y luego otra más para corregir las consecuencias de la segunda. Como intentar apagar un incendio con gasolina cuidadosamente administrada.

Entonces, ¿qué es realmente Colombia?

No, Colombia no es Venezuela. Pero tampoco es Singapur, Irlanda o Suiza en términos de libertad económica.

Es una economía híbrida, llena de contradicciones: propiedad privada formal conviviendo con hiperregulación; mercado parcialmente abierto, pero profundamente burocratizado; empresas privadas funcionando bajo presión tributaria, jurídica y política constante.

Por eso resulta simplista culpar exclusivamente al «capitalismo» de todos los males nacionales. La Heritage Foundation ha clasificado a Colombia como una economía  mayormente no libre (mostly unfree). Más allá de las diferencias ideológicas, el dato apunta hacia algo evidente: el país está lejos de representar un libre mercado pleno.

Y eso cambia toda la discusión.

Porque si el problema colombiano no es un exceso de mercado, entonces quizá la solución tampoco consista en más impuestos, más controles, más subsidios y más intervención.

Tal vez el verdadero desafío sea aprender a confiar un poco más en los ciudadanos y un poco menos en la idea de que el Estado puede organizar la complejidad económica desde un escritorio en Bogotá.

Menos Estado empresario, más Estado árbitro

Defender la libertad económica no significa eliminar el Estado ni abandonar funciones sociales esenciales. Significa, más bien, exigirle que haga pocas cosas… pero que las haga bien.

Seguridad. Justicia. Infraestructura. Protección de derechos. Cumplimiento de contratos. Estabilidad institucional.

Un árbitro; no un jugador que quiere simultáneamente cobrar impuestos, competir en el mercado, regular sectores, planificar precios y decidir qué industrias merecen sobrevivir.

Porque cuando el Estado intenta hacerlo todo, suele terminar haciéndolo todo a medias. Y a veces ni siquiera eso.

La gran paradoja colombiana es que muchos de los problemas atribuidos al capitalismo nacen precisamente de una economía donde el intervencionismo termina bloqueando aquello que más necesita el país: inversión, productividad, formalidad, crecimiento y movilidad social.

Quizá ahí esté el centro del debate. Colombia no necesita «menos empresa privada». Necesita más competencia. No necesita más burocracia. Necesita reglas simples y estables. No necesita ciudadanos dependientes del subsidio eterno, sino personas capaces de construir riqueza por cuenta propia.

Porque la prosperidad sostenible rara vez nace de decretos. Nace de millones de decisiones individuales: gente que arriesga, invierte, trabaja, fracasa, vuelve a intentar y crea valor.

Y eso exige algo que en Colombia todavía produce sospecha en ciertos círculos políticos: más libertad económica y menos obsesión por controlar cada rincón de la vida productiva del país.