Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de un proceso de recolección de firmas para cambiar la actual Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991. Este proceso ha sido también promovido por el candidato presidencial Iván Cepeda, quien ha recogido las banderas del petrismo en su campaña a la presidencia del país. Pero, ¿vale la pena cambiar la Constitución de 1991?
La Constitución del 91, brillando sobre dos siglos de inestabilidad política
Tras el éxito del movimiento popular de la Séptima Papeleta, Colombia inició un proceso para cambiar su constitución política vigente por una nueva más pluralista e incluyente. Esta nueva constitución, realizada en 1991, fue formada por un acuerdo nacional dirigido por el Partido Conservador, el Partido Liberal y la Alianza Democrática M-19.
A diferencia de las reformas constitucionales anteriores, la de 1991 rompió con una tendencia de casi dos siglos en que un bando tomaba el poder y aseguraba sus ideas y su nuevo dominio con el cambio de la constitución. Esto solía darse tras una guerra civil, cuando el bando vencedor tomaba el poder. Dos ejemplos históricos de esto son: la Constitución de 1863, redactada por Tomás Cipriano de Mosquera tras la victoria liberal en la Guerra de las Soberanías; y la Constitución de 1886, promovida por Rafael Núñez y redactada por Miguel Antonio Caro tras la victoria conservadora en la guerra civil de 1884-1885.
En este momento, el cambio de régimen traía consigo varios problemas, pues usualmente se conseguía excluyendo al bando perdedor de las posiciones de poder, causando que la única forma de recuperarlo fuera por medio de las armas, repitiendo así el ciclo de violencia e inestabilidad política que flageló al país por más de un siglo.
Estabilidad política: el fruto de un acuerdo nacional
La Constitución de 1991 se distingue de las anteriores, pues no fue elaborada tras una victoria partidista, sino tras un acuerdo nacional dirigido por todos los partidos mayoritarios de ese entonces. Más aún, la Asamblea Nacional Constituyente incluyó a voces de varios movimientos sociales; en resumen, a casi toda la Colombia política del momento.
Este tipo de acuerdos nacionales son los que le dan la estabilidad necesaria a una constitución para ser la carta fundacional de las leyes de una nación. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, país que tiene la Constitución más antigua del mundo (1787). Esta nación ha gozado de estabilidad política puesto que ha respetado por más de dos siglos su única constitución, una carta que ofrece mecanismos claros para elegir a todas las ramas del gobierno y ofrece contrapesos entre éstas.

Otro caso, más reciente, lo encontramos en Alemania, un país que logró encontrar un acuerdo nacional lo suficientemente sólido en su Ley Fundamental (Grundgesetz). Alemania —a diferencia de Estados Unidos— había vivido períodos de inestabilidad política como la débil democracia de Weimar y el autoritarismo nazi. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán decidió que quería una democracia lo suficientemente estable para no volver a caer en el caos o el autoritarismo. Alemania adoptó entonces su Ley Fundamental, que si bien nació como un documento provisional, se terminó convirtiendo en el cimiento de una de las democracias más sólidas del mundo. No por la fuerza de sus artículos, sino porque representó un acuerdo nacional para blindar la libertad y evitar —de forma definitiva— los errores del pasado.
Una constitución partidista —que surge tras la victoria de un bando—, no sirve para ser la carta fundacional de un país por dos razones: la primera es que genera revanchismo en el bando perdedor, que buscará cambiarla, generando a su vez más inestabilidad política; la segunda es que se necesitan grandes acuerdos fundamentales para que la sociedad avance, lejos de los caprichos de los políticos del momento.

La Constituyente de Petro, ¿conveniente para garantizar la estabilidad política?
El acuerdo nacional que fundó la Carta Política de 1991 blindó a Colombia de la inestabilidad propia del bipartidismo previo, pero no la ha salvado de los personalismos populistas, que ponen a la personalidad por encima de las instituciones.
El proyecto constituyente de Gustavo Petro e Iván Cepeda surge de un movimiento que gira alrededor de una persona, que es Gustavo Petro, quien se auto cataloga como «representante del pueblo» en contra de las «élites económicas y políticas del país», pero excluye a la Colombia política y social que piensa distinto, buscando pasar por encima de instituciones democráticas como el Banco de la República, las Cortes e incluso la Registraduría Nacional. Esto hace que esta propuesta de cambio constitucional se parezca más a las constituciones partidistas de los siglos pasados que a la unión nacional que marcó la Constitución de 1991.
Cambiar la Constitución de 1991 por los deseos particulares de Petro y Cepeda no sólo no traerá progreso al país, sino que puede llevarnos a un ciclo de inestabilidad política similar al de países como Venezuela, Nicaragua o Perú del que no será tan fácil salir, ni encontrar un acuerdo nacional como el que creó nuestra actual carta política.